El Concejo Deliberante de Villa de Merlo cerró el año legislativo con la aprobación de ordenanzas que marcarán un antes y un después en la gestión local. Entre las destacadas, el oficialismo logró sancionar la transferencia de la gestión y administración del agua potable al Ejecutivo municipal, un tema que generó amplias discusiones entre los bloques.

La nueva ordenanza permitirá al Municipio firmar contratos de concesión para el servicio de agua potable, un recurso estratégico para la comunidad. Desde el oficialismo, liderado por la UCR y Avanzar, calificaron la medida como un paso fundamental hacia la regulación y modernización del sistema, destacando el trabajo de tres meses en comisiones y la participación ciudadana en el debate. “Es una herramienta clave para fortalecer la autonomía municipal y brindar seguridad tanto al servicio como a los usuarios”, señaló Leonardo Rodríguez, presidente del Concejo.

Sin embargo, la oposición expresó su rechazo al proyecto, acusando al oficialismo de centralizar el poder en el Ejecutivo. Daniel Orué, concejal socialista, denunció que la decisión contraviene la Constitución provincial al no alcanzar el consenso de dos tercios del cuerpo legislativo. “Esto convierte al Concejo en una escribanía del Ejecutivo”, afirmó.

Además del tema del agua, otros proyectos aprobados también generaron debate. La ordenanza que establece el marco jurídico para el Centro de Educación Especial Mirlo fue cuestionada por la oposición, que advirtió sobre un posible riesgo para la autonomía pedagógica. Este marco otorga al intendente la facultad de designar y remover personal, así como redactar el reglamento interno del centro educativo,desde el oficialismo acusan que el marco legal donde se realizaban los concursos no eran válidos ni transparentes,el hacer un reglamento da a la transparencia de la institución,mejoraría su calidad institucional y de los concursos docentes rindiendo con reglas claras, sin amiguismo o cesgo subjetivo al momento de su postulación.

Por otro lado, se sancionó la Tarifaria 2025, que incluye un incremento en las tasas municipales y la posibilidad de ajustes adicionales a partir de julio del próximo año. Aunque desde el oficialismo argumentaron que la medida es necesarias ya que están atrasadas las tasas respecto a la inflación del 2023 y la necesidad de seguir manteniendo las obras que desde el municipio se vienen ejecutando con fondos propios,la oposición criticó el impacto que tendrá en los sectores más vulnerables de la comunidad.

Finalmente, durante la sesión, se definieron las nuevas autoridades del Concejo para el próximo período legislativo. Leonardo Rodríguez continuará como presidente (UCR), acompañado por Patricia Morandé (Avanzar) como vicepresidenta primera y María José Álvarez (UCR) como vicepresidenta segunda. Este respaldo posiciona a Rodríguez como un potencial sucesor al menos por el tiempo de la duración de la licencia que decida Alvarez  pinto o un año hasta las próximo llamado a elecciones de autoridades del concejo, ya que Juan Alvarez Pinto tiene un pedido expresos del gobierno provincial  para integrarse al gabinete del gobernador Claudio Poggi como ministro de Turismo y cultura de San Luis.

Fuente: El Emperador.