Nota: Ayelen Britos Corresponsal San Luis Capital.

Sofía Benzaquen, es integrante del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Provolo, estuvo en San Luis. Solicitando al Gobierno que cumpla con los requerimientos que surgieron en la condena con algunas víctimas del caso que son de la provincia.

Los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83), acusados por abusos sexuales y corrupción de menores en el instituto Próvolo de Mendoza, fueron condenados a 45 y 42 años de prisión respectivamente, por los jueces del Tribunal Penal Colegiado 2, a fines del año 2019. En tanto, el ex empleado Armando Gómez (49) fue condenado a la pena de 18 años de prisión.

El Instituto educativo para personas sordas e hipoacúsicas Antonio Provolo funcionaba en el Municipio de Luján de la Provincia de Mendoza, reuniendo allí a estudiantes provenientes de todo el país, sobre todo de San Luis. Se trataba de una propuesta educativa oralista de gestión privada eclesial, perteneciente a la iglesia católica, que ofrecía un albergue para estudiantes provenientes de lugares alejados, escolaridad primaria (y EGB3) y talleres laborales que tenían como objetivo el aprendizaje de un oficio, lo cual motivaba la concurrencia de estudiantes de la ciudad de San Luis y de Villa Mercedes que migran a Mendoza.

DE LOS ABUSOS Y VIOLENCIA TAMBIÉN HAY JÓVENES PUNTANOS, se solicita al gobierno que se les brinde tratamiento psicológico y/o

psiquiátrico y en el caso de ser requerida la medicación necesaria, garantizando los tratamientos en forma gratuita y con la ayuda de intérpretes en lengua de señas a todas las víctimas de autos por el tiempo que sea necesario a fin de lograr la efectiva recuperación, asegurando que se le otorguen las facilidades necesarias para que puedan asistir al mismo.

Otro de los puntos, solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que efectivice aquellas acciones necesarias a fin de que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda provincial y/o nacional para estudiantes, pasantías laborales rentadas o de trabajos para jóvenes que colabore en la reinserción de las víctimas y les signifique una ayuda para el desarrollo de sus proyectos de vida.

Foto del juicio en 2019

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